Talca de Chile, 3 de julio de 2013
La conformación de una Mesa Social por la Salud, que reúna a organizaciones sociales, comunitarias y gremios de la salud, fue el compromiso con el que concluyó la Jornada regional «Movilizándonos por Justicia y Dignidad en Salud», en la región de El Maule, convocada por Fundación EPES.
Como histórica fue calificada la Jornada regional que permitió avanzar en los procesos de articulación y fortalecer los vínculos de las organizaciones sociales y gremiales; y en diagnósticos y propuestas orientadas a recuperar la salud como derecho.
La Jornada Regional coordinada por EPES con el apoyo del Centro Social Quidell de Talca, se realizó el 24 de junio en el Centro Comunitario Intendente Germán Castro, donde participaron 42 representantes de la sociedad civil y trabajadores del sistema público de salud de El Maule.
Por el fin al lucro en la salud
En el encuentro se rechazó el proceso de privatización de la salud, el traspaso de fondos públicos al área privada y la política de concesión de los hospitales clínicos. También surgieron críticas al sistema previsional de AFP, que otorga pensiones que solo representan el 30% de la última remuneración, lo que condena a los trabajadores en su vejez a la pobreza.
Las organizaciones que participaron del encuentro demandaron impulsar una reforma constitucional que garantice el derecho a la salud y no se limite al acceso, y que ponga fin al lucro. De esta manera lograr que el Estado se comprometa a ir disminuyendo las brechas en carencia de profesionales especialistas. También se exigió que la salud primaria vuelva a estar en manos del Ministerio de Salud, y terminar con las Isapres.
María Eugenia Calvin, educadora y encargada de Planificación de Fundación EPES, destacó la importancia del encuentro que acordó avanzar hacia la conformación de una Mesa regional por la Salud, integrada por una diversidad de organizaciones sociales y comunitarias y los trabajadores de la salud. «Hay una crítica permanente en las jornadas regionales respecto a que ya no es posible continuar con el lucro en la salud y que se requiere un cambio estructural de manera de hacer posible garantizar el derecho a la salud».
«Otro elemento que se repite en los diagnósticos son los problemas en la calidad de atención, que se expresan en el nivel primario y en la atención hospitalaria. Esto, se debe a decisiones gubernamentales y políticas de Estado que han hecho de la salud una mercancía y no un derecho. La asfixia del sistema público de salud redunda en problemas de calidad, recursos humanos insuficientes, falta de insumos, en el marco de un proceso de privatización, ahora encubierto a través del mecanismo de concesión hospitalaria».
Gema Carrasco, coordinadora regional El Maule de la Fenpruss, afirmó que «la salud de calidad que demandamos no la podemos conseguir porque no se está invirtiendo en el sistema público, hay mucha transferencia de dinero hacia el sector privado. El Estado debe hacerse responsable de la salud pública. La salud debe ser un derecho constitucional, de tal manera que el Estado tenga que hacer las inversiones que correspondan. En este momento se profundiza el proceso de privatización a través de la concesión de dos hospitales en Santiago, cuyo costo es altísimo para el Estado. La discusión de la ley de hospitales clínicos, cambia absolutamente el estatus de cómo se maneja la salud pública dejando las atribuciones en manos privadas».
En la jornada también se discutieron los problemas en los centros de atención primaria y secundaria de salud. La lentitud en atención de horas de urgencia en los SAPUS, carencia de médicos especialistas en consultorios, y la necesidad de acentuar y proveer de más recursos para la prevención. Además, la falta de medicamentos en la asistencia pública y consultorios, inequidad a usuarios internos y externos; déficit de recursos humanos e infraestructura inadecuada.
Discriminación a las personas de la diversidad sexual
María Eugenia Calvin sostuvo que en la Jornada Regional se denunció la discriminación por identidad de género y vulneración de los derechos de los grupos de población de la diversidad sexual, que son invisibilizados. Se denunció problemas de acceso de medicamentos para las personas que viven con VIH y poca claridad en la canasta de fármacos que cubre el AUGE.
Javiera Gómez, de la organización transgéneras por el cambio de Talca, planteó que «el principal problema en el sistema de salud público es la discriminación hacia la comunidad trans por el solo hecho de tener una identidad sexual diferente a la de su cédula de identidad. Estas personas son tratadas de forma denigrante. Ante hechos de violencia en la vía pública son las últimas en ser atendidas y dejadas en lugares poco apropiados. La Circular 21 del Minsal, que obliga a nombrar a la persona transgénera o transexual con su nombre social, no se cumple en los servicios de salud públicos por falta de conocimiento. Nuestra bandera de lucha es terminar con la discriminación hacia la comunidad trans, homosexual, y lesbiana, que se traduzca en un trato digno».
También se denunció la falta de endocrinólogo especialista en el tema de transexualidad.
Para la dirigenta, «este tipo de encuentros es importante porque seguimos visibilizando la causa trans a nivel nacional, exigiendo nuestros derechos porque no somos ciudadanos de segunda o tercera categoría».
Derechos reproductivos y sexuales
María Eugenia Calvin afirmó que «también en el diagnóstico aparece la vulneración de derechos reproductivos y sexuales. El sistema no cuenta con atención especializada para abordar la violencia contra las mujeres de manera integral, y se centra solo en patologizar el problema. En todas las jornadas regionales convocadas por EPES se plantea que en el sistema público de salud, la mujer solamente existe hasta la etapa reproductiva y en general no hay una atención durante todo el ciclo vital».
Benedicta Aravena, Educadora Popular del Centro Social Quidell, dijo que «debemos fortalecer el trabajo de atención de salud mental de las mujeres y los derechos sexuales y reproductivos. En la región de El Maule por ser conservadora hemos luchado por la anticoncepción de emergencia que hoy está en todos los servicios de atención público primaria. Hoy nuestra principal demanda es la reposición del aborto terapéutico, y que haya mejor atención en los servicios de salud de atención primaria en cuanto a la salud mental de las mujeres».
En la Jornada Regional en Talca se denunció la inexistencia de un programa de salud mental integral y transversal, que incluya por ejemplo atención postraumático a raíz del terremoto del 27 de febrero de 2010. Hay un déficit de profesionales para dar respuesta a las demandas de atención y no se manejan estadísticas que den cuenta de la realidad del problema. El Maule fue una de las regiones más afectadas por el desastre, dejando a muchas familias sin hogar. Al respecto, se develó que en el proceso de reconstrucción, aún en marcha, no se ha considerado la situación de la población adulta mayor y discapacitada en la construcción de las nuevas viviendas y departamentos, generando mucha frustración en la comunidad. También se puso el acento en la discriminación en contra de las personas con patologías en salud mental.
María Eugenia Calvin señaló que «se vuelve a colocar el tema del abuso en la medicación de los niños y niñas sin un diagnóstico exhaustivo. Medicamentos peligrosos como el Ritalín se suministran por tiempos prolongados a los menores sin un debido control. También se instala la demanda de impulsar políticas públicas especiales para la población adulta mayor».
«Como telón de fondo emerge el problema de la participación. Se denuncia la ausencia de canales de participación efectivos y la necesidad de que la ciudadanía también genere instancias que puedan encarnar los problemas y las propuestas desde una perspectiva de construcción de movimiento social», precisó.
En este sentido, en la Jornada regional convocada por EPES se planteó solicitar un aumento del presupuesto en salud, y activar mecanismos para que la sociedad civil fiscalice el destino de los recursos. Asimismo, se hizo mención a la necesidad de desarrollar desde los usuarios sistemas de participación y exigir financiamiento del Estado para tales fines. De manera de instalar un sistema de participación con carácter vinculante para incidir en las políticas públicas.
El empoderamiento y articulación de la sociedad civil, a través de las mesas regionales por el derecho a la salud y la movilización, surgen como propuestas para hacer frente al diagnóstico crítico de la salud en Chile.
